LA DOLOROSA RUTA JUDICIAL QUE RECORREN LOS NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE

Ha pasado más de un año desde que M.A.V., una niña de 10 años, fue violada. Era agosto de 2012 cuando sus padres escucharon los desgarradores gritos de dolor que provenían del baño. Fue así que se enteraron. La llevaron de inmediato al Hospital Parroquial del San Bernardo, donde apenas la doctora de turno la vio ordenó que fuera llevada hasta el SML. Allá le hicieron todos los exámenes que contempla el protocolo. El diagnóstico pericial: desgarro anal. Fueron los mismos médicos quienes pusieron una denuncia por violación en la Fiscalía de San Bernardo.

La pequeña quedó internada en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Sótero del Río. Aunque M.A.V. no había entregado ningún antecedente sobre la identidad de su agresor, la denuncia pasó a manos de un Juzgado de Familia. Y se entiende. Las estadísticas del SENAME señalan que el abuso sexual es un delito principalmente intrafamiliar: en el 84,7% de los casos el abusador es pariente de la víctima. Además, la fiscalía había obtenido en el intertanto antecedentes de que el abuelo materno de M.A.V. había estado preso dos años por haber abusado de una de sus hijas.

Aún así, la niña salió poco después del hospital y volvió a su casa junto a su familia, sin ningún tipo de medida cautelar, totalmente desprotegida. Recién dos meses después, el tribunal ordenó que la menor fuera llevada a Casa Paternitas, un centro de acogida que forma parte de la red SENAME y donde actualmente residen 38 niños vulnerados. Desde entonces la niña ha estado en tratamiento psiquiátrico y en reiteradas ocasiones ha ido a declarar sobre su violación. Una y otra vez ha debido relatar cómo, dónde y cuándo fue violada. Pero nunca entregó el nombre de su agresor. Hasta que en septiembre de 2013, finalmente se lo confesó a Edith Martino, una de las responsables del hogar del SENAME.

Martino de inmediato informó a la fiscalía. Supuso que la investigación se agilizaría. No fue así. Como el autor del delito no es un familiar de la niña, el caso se trasladó a un tribunal penal, donde partió prácticamente de cero. A pesar de que su denuncia tenía como respaldo un peritaje científico que demuestra que fue violada, un diagnostico de “síndrome depresivo secundario a estrés postraumático” y de haber tenido que declarar una y otra vez durante más de un año cada detalle de la violación, M.A.V. tendrá que someterse ahora a un peritaje psicológico de credibilidad. Para que el juez le crea.

-Esa es otra de las grandes falencias del sistema. ¿Para qué tenemos un SML si después se le exige al niño vulnerado un informe de credibilidad? El peritaje del SML es un informe hecho por un organismo oficial del Estado, y en definitiva, se pone en duda. Esta niña deberá empezar a recordar todo otra vez. Y mientras está siendo tratada, el violador sigue libre en su casita hasta que se pueda probar que ella dice la verdad. En el año y poco más que lleva este caso, ¿cuántas niñas más han podido ser víctimas de este sujeto? –dice la asistente social Edith Martino.

Según el instructivo de los fiscales, “en los casos de delitos sexuales cometidos al interior de la familia, o cuyas víctimas son menores de edad y no se cuenta con evidencias físicas ni testigos, además de su propio testimonio, la necesidad de recurrir a evaluaciones periciales psicológicas de credibilidad de las declaraciones y de daño a la víctima, se encuentra más justificada que en los atentados cometidos fuera de estos ámbitos”.

Patricia Muñoz, directora de la unidad de delitos
sexuales de la fiscalìa nacional.

En otras palabras, sirven como herramienta para proveerle al juez elementos de convicción que puedan servir de base para su sentencia. Aún así, a juicio de la directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, esa diligencia no hace más que retrasar el proceso completo. Patricia Muñoz asegura que el sistema está tan colapsado que si se le pide al SML, al CAVAS, a un DAM (Programa de Diagnóstico Ambulatorio) o a cualquier otra entidad que realiza peritajes psicológicos de credibilidad, no habrá disponibilidad sino hasta dentro de nueve meses o incluso un año. El niño quedará inscrito en una especie de lista de espera. A partir de ese momento, y mientras es sometido a terapia, comienza su período de recuperación, hasta que lo llamen y nuevamente tenga que recordar para contar con todos los detalles la experiencia traumática del abuso. Estas nuevas pericias determinarán si el niño es creíble o no. El requisito para que se pueda probar ante un juez que el menor ha dicho la verdad.

Este último informe le será entregado al fiscal para que lo pueda usar como prueba en el juicio oral. Pero tampoco existen las garantías de que ese reporte cumpla con estándares que permitan comprobar  de forma fehaciente ante el tribunal que el relato del niño abusado es creíble.

-Es muy importante que los niños sean entrevistados por personas con preparación suficiente, idoneidad técnica y formación especializada. Pero eso no siempre ocurre. El principal instrumento utilizado en Chile para evaluar la credibilidad, el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), se recomienda sólo para niños mayores de 9 años, porque recién a esa edad son capaces de entender todas las preguntas y comprender lo que vivieron de manera de poder expresarlo y relatarlo. Pero aquí se aplica en muchos casos a preescolares o a menores con trauma intenso, sin tener en cuenta previamente las condiciones de seguridad ni la edad del niño -explica el abogado Hernán Fernández, director del Centro de Atención Jurídica para Niños Víctimas de Maltrato Grave  “Umbrales”, dependiente de la  Fundación Tierra de Esperanza.

Fernández agrega que a lo anterior se suma que no todas las instituciones tienen los mismos estándares y niveles de calidad, por lo que “la credibilidad del niño depende tanto del momento y las condiciones en que es evaluado como de quién lo evalúa”.

La mayoría de los profesionales que trabajan en los DAM y en los CEPIJ (Centros de Protección Infanto Juvenil), y que se encargan de evaluar la credibilidad de los niños vulnerados, son personas jóvenes y sin experiencia que se ven sometidos a exceso de trabajo. El sueldo promedio que reciben varía entre los $650.000 y los $700.000 bruto. Es por eso que muchos de ellos, una vez que cuentan con la capacitación y la experiencia suficiente, optan por otras áreas laborales que les aseguran una mayor renta. Por otro lado, existen también instituciones o profesionales que realizan estas pericias de forma privada, lo que se convierte en un riesgo, ya que si bien pueden tener un buen nivel técnico, hacen que el sistema no sea igualitario.

Según Fernández, todos esos factores influyen en la gran incidencia de denuncias que terminan archivadas.

-El gran problema es que, después de meses, las investigaciones judiciales no alcanzan el nivel necesario para demostrar en un tribunal el delito: sólo el 10% llega a la etapa de un juicio oral y cerca del 60% se archiva sin que siquiera se formalice al imputado. Y no se trata de falsas denuncias, sino que de investigaciones que no pudieron avanzar producto de las características de los niños: son muy pequeños y no pueden hablar o luego se sienten culpables por denunciar y “destruir la familia”. Por algo se dice que en Chile el abuso de menores es prácticamente “el crimen perfecto” -dice el abogado.

Un buen resultado en las evaluaciones de credibilidad resulta clave para que una investigación llegue a la etapa del juicio oral. Pero ya en esta instancia, poco importan los informes, porque al final, lo que pase dependerá de tres cosas: la capacidad que tengan los peritos para defender ante el juez sus evaluaciones (psicológicas y médico legales); la habilidad del niño para convencer personalmente al juez de que dice la verdad; y los recursos que la defensa invierta en peritajes privados que compitan con los de la fiscalía.FUENTE